En el último año, el mercado laboral mexicano ha mostrado una tendencia preocupante: el crecimiento del empleo ha estado impulsado, principalmente, por trabajos informales. Esta dinámica revela una transformación silenciosa pero profunda, donde los puestos que ofrecen seguridad social, estabilidad y derechos laborales están cediendo terreno frente a ocupaciones precarias, sin contrato ni prestaciones.
Según datos del INEGI, más de la mitad de la población ocupada en México trabaja en la informalidad. En julio de 2025, el 56.1% de los trabajadores se encontraban en esta condición, lo que representa un aumento respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra no solo refleja una estadística: detrás de ella hay millones de personas que laboran sin acceso a servicios médicos, sin ahorro para el retiro y con ingresos que, en muchos casos, no alcanzan para cubrir lo básico.
Durante el segundo trimestre de este año, se perdieron más de 100 mil empleos formales, mientras que se generaron más de medio millón de puestos informales. La mayoría de estos nuevos trabajos surgieron en micronegocios sin establecimiento fijo, como ventas ambulantes, servicios domésticos o actividades independientes sin registro fiscal. Aunque estas ocupaciones permiten sobrevivir, difícilmente ofrecen una ruta hacia la estabilidad económica.
El impacto no se limita al ingreso. Más de 386 mil personas dejaron de tener acceso a servicios de salud en el último trimestre. Además, el 53% de quienes laboran en la informalidad ganan hasta un salario mínimo o menos, y el 41% no cuenta con contrato escrito. En otras palabras, trabajan sin garantías, sin protección legal y sin posibilidad de reclamar sus derechos.
La informalidad no afecta a todos por igual. Estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan los niveles más altos, con más del 75% de su población ocupada en esta condición. En contraste, entidades como Nuevo León y Coahuila mantienen tasas por debajo del 35%, lo que evidencia una desigualdad estructural entre regiones.
