En medio del constante conflicto por el uso de la vía pública en Ciudad de México, el Congreso capitalino aprobó una reforma a la Ley de Cultura Cívica que busca regular la actuación de los llamados “franeleros” o “viene viene”. Estos personajes, comúnmente vistos apartando lugares de estacionamiento con cubetas, huacales o señales improvisadas, podrían enfrentar hasta 36 horas de arresto inconmutable si son sorprendidos realizando esta actividad sin autorización.
La iniciativa, respaldada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, plantea como objetivo recuperar el uso legítimo del espacio público, mejorar la movilidad vehicular y frenar extorsiones que afectan a conductores en zonas de alta densidad urbana. Según legisladores, no se trata de criminalizar la pobreza, sino de detener prácticas que han derivado en amenazas o cobros indebidos por parte de quienes lucran con espacios públicos que deberían ser libres para todos.
Aunque aún no se ha definido con precisión en qué alcaldías se aplicará con mayor severidad, ya se han señalado zonas como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Roma, Condesa y el Centro Histórico como focos de conflicto recurrente. Las autoridades esperan que esta medida contribuya a la recuperación de calles y banquetas, además de inhibir la práctica informal que ha generado molestias tanto a vecinos como a visitantes.
Nota editorial: Esta reforma abre la puerta a un debate profundo sobre la informalidad y la apropiación del espacio público en la capital. Si bien algunos ven la medida como una respuesta firme ante conductas coercitivas, otros advierten que la línea entre subsistencia y abuso sigue siendo delgada. El reto será distinguir entre necesidad social y aprovechamiento ilegítimo, sin caer en simplificaciones ni omisiones que invisibilicen realidades complejas.
